"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
El CERMI Galicia, el Colegio de Trabajo Social de Galicia y EAPN Galicia piden el compromiso parlamentario para preservar la atención social
21/07/2012
El CERMI Galicia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, y EAPN Galicia(Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Galicia) han pedido hoy el compromiso de los tres grupos parlamentarios gallegos para preservar la atención social, al mismo tiempo que han mostrado su preocupación por los recortes sociales aprobados por el Gobierno de España.
Así lo han manifestado durante la celebración de una rueda de prensa ofrecida por la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, Juana Tubío; el Presidente del CERMI Galicia, Anxo Queiruga; y el vicepresidente de EAPN Galicia, Xosé Cuns.
En este sentido, han reclamado que se mantengan los servicios en el sector social gallego y que se evite el desmantelamiento que supondría la aplicación de los recortes y ajustes del Ejecutivo en este ámbito. Por ello, han reclamado el compromiso “explícito” de las administraciones públicas y de los grupos parlamentarios en el mantenimiento de las prestaciones y servicios sociales en Galicia.
También han coincidido en la necesidad de defender el futuro de las personas más vulnerables ante el progresivo retroceso del sistema de servicios sociales, al mismo tiempo que han expresado su preocupación por las consecuencias que conllevará el real decreto, ya que dejará sin cobertura los servicios que se vienen prestando a un gran número de personas con discapacidad y personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
Asimismo, han reclamado que esta revisión de la ley, se haga mediante un consenso político y social, tal y como se fijó en su aprobación para que todas las personas usuarias puedan ser respaldadas por sus entidades de representantes.
Así, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, Juana María Tubío, ha destacado que los recortes en el Plan Concertado suponen que los servicios sociales dejarán de disponer de 4,6 de cada 10 euros, que, por ejemplo, las redes de servicios sociales municipales, que implican servicios básicos, como la ayuda a domicilio y otros proyectos sociales que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Además, ha continuado, esta situación puede implicar el despido de personal técnico responsable de estos proyectos. Según ha explicado, estas partidas financian también los comedores sociales, los centros de día, las residencias para personas mayores, los pisos tutelados, los albergues para personas sin hogar o centros de acogida, entre otros. Por ello, ha afirmado, “el Plan Concertado es una de las herramientas para mantener los servicios sociales en general y la atención básica a las personas con necesidades especiales”.
En materia de dependencia, las entidades sociales han manifestado su desaprobación al acuerdo de ampliar a dos años el plazo de las comunidades autónomas para dar las ayudas de dependencia sin atender la retroactividad. En este sentido, han denunciado el hecho de que la congelación de la entrada de nuevas personas en situación de dependencia hace que muchas de estas personas puedan llegar a fallecer antes de tener acceso a cualquier ayuda.
Por su parte, el presidente del CERMI Galicia, Anxo Queiruga, ha manifestado su preocupación de las entidades representativas de personas con discapacidad de que los servicios que reciben pasen a financiarse a través de la cartera de dependencia.
Según ha explicado, esto supone que todas las personas que no son dependientes severos, se quedarán sin cobertura en los servicios de apoyo que necesitan, como es el caso de las personas con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, enfermedad mental, personas con daño cerebral adquirido o personas con discapacidad visual o auditiva.
También ha destacado que este Decreto Ley supone un “inaceptable” retroceso en las políticas de promoción de autonomía personal y un retroceso en las políticas de empleo de este colectivo, lo que, para él, se trata de una “vulneración de los derechos recogidos en la Convención de la ONU”.
Por último, el vicepresidente de EAPN Galicia, Xosé Cuns, ha llamado la atención a la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el programa nacional de reformas de 2012 de España, que insta al Gobierno central a tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos más vulnerables.
Según ha expuesto, existen datos de AROPE sobre el índice europeo de medición del nivel de pobreza que demuestran que en Galicia se han contabilizado en 2011 un cerca de 700.000 personas en riesgo de pobreza, de las cuales unas 100.000 sufren privación material severa. Por otra parte, en el ámbito de la infancia, la quinta parte de los menores gallegos de 17 años viven en un hogar con escasos recursos.
